En una reciente declaración, Luis García Sotelo, secretario de Hacienda Pública de Jalisco, expresó su desacuerdo con una propuesta de reforma constitucional que busca establecer una pensión universal para personas con discapacidad en la región. El funcionario consideró que dicha propuesta es irresponsable, dado que no se llevó a cabo una consulta previa con las autoridades financieras del estado ni se presentó un análisis presupuestal que evalúe el impacto económico que tendría en las finanzas públicas.
La crítica por parte de García Sotelo surge en el contexto de la votación en el Congreso de Jalisco, donde la iniciativa, promovida por el diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, no logró obtener la mayoría necesaria para su aprobación. La abstención de los miembros de la bancada de Movimiento Ciudadano fue clave en este resultado, lo que dejó la propuesta sin el respaldo requerido para avanzar.
El secretario de Hacienda enfatizó que cualquier propuesta que implique un gasto recurrente en el presupuesto estatal debe ir acompañada de un análisis financiero riguroso que valide su viabilidad y establezca fuentes de ingresos específicas. Este tipo de iniciativas, según García Sotelo, no pueden ser impulsadas sin una consideración técnica adecuada, ya que podrían llevar a situaciones fiscales insostenibles.
García Sotelo también señaló que la amplitud del universo de beneficiarios contemplado en el planteamiento legislativo es preocupante, dado que no se han evaluado adecuadamente las implicaciones fiscales. El funcionario advirtió sobre las posibles consecuencias de aprobar una medida sin los recursos necesarios, recordando que ya se han perdido más de mil millones en participaciones y que esto podría complicar aún más el financiamiento de programas esenciales.
A pesar de que la propuesta no logró los votos necesarios para su modificación, el tema de la pensión universal para personas con discapacidad seguirá siendo un punto de discusión en el Poder Legislativo. Las diferentes fuerzas políticas en Jalisco tendrán que encontrar un equilibrio entre las demandas de los sectores más vulnerables y la necesidad de mantener un presupuesto estatal sostenible y responsable.
