Investigaciones realizadas por autoridades de México y Estados Unidos han revelado que diversos grupos criminales han logrado establecer operaciones comerciales legítimas en al menos nueve entidades del país. Estos criminales utilizan sus conexiones en el ámbito político y judicial para infiltrar negocios que les permiten lavar dinero. Se ha identificado que han incursionado en 50 giros diferentes, que abarcan desde pequeños comercios hasta grandes cadenas, generando así ingresos significativos y diversificados.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se destaca entre estas organizaciones, con un modelo económico que va más allá del narcotráfico. Documentos de las autoridades estadounidenses indican que esta agrupación también participa en actividades como robo y contrabando de combustibles, fraude en el sector de tiempos compartidos, extorsión y tráfico de migrantes. Las ganancias obtenidas a través de estas actividades se canalizan mediante una variedad de métodos, incluido el uso de criptomonedas y estructuras empresariales complejas que dificultan su detección.
El 23 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos llevó a cabo una de las sanciones más amplias contra el CJNG, afectando a más de 50 individuos y compañías vinculadas con el cártel. Expertos han señalado que esta acción es indicativa de la creciente preocupación por la forma en que el crimen organizado ha diversificado sus operaciones y se ha integrado en sectores económicos legítimos, complicando así los esfuerzos de las autoridades para desmantelar estas redes delictivas.
Las empresas relacionadas con el CJNG abarcan una amplia gama de sectores, desde turismo y bienes raíces hasta agricultura y seguridad privada. En Jalisco, su base de operaciones, se han vinculado a empresas de tiempos compartidos y tequileras, mientras que en otros estados como Nuevo León y Chihuahua, han utilizado compañías de transporte y restaurantes como fachada para sus actividades ilícitas. Esta diversidad en los giros comerciales les permite no solo ocultar sus verdaderas actividades, sino también establecer un legado económico para sus familias.
Los analistas sostienen que las condiciones económicas en México, sumadas a la falta de financiamiento suficiente en el sistema bancario, han llevado a los criminales a buscar alternativas en la economía formal. Este fenómeno sugiere que un porcentaje significativo de las inversiones que se presentan como extranjeras podría tener un origen ilícito. La fragmentación de las grandes organizaciones criminales también ha contribuido al surgimiento de nuevos grupos dispuestos a invertir en negocios legales, lo que complica aún más el panorama para las autoridades que luchan por contener la influencia del crimen organizado en la economía del país.
